Moción en materia de Derecho a la Vivienda y solidaridad activa con la ciudadanía afectada por desahucios y las personas sin hogar

Moción en materia de Derecho a la Vivienda y solidaridad activa con la ciudadanía afectada por desahucios y las personas sin hogar

(Presentada al pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 31.07.2015)

Introducción y justificación de la oportunidad de esta Moción

Una mujer, a punto de padecer su segundo desahucio (el primero sufrido en su propio domicilio, y el último en el de su madre ya anciana con la que había vuelto a convivir) definía su situación diciendo que se encontraba exiliada de su propia vida.

La vivienda es mucho más que un techo donde refugiarse: constituye un factor esencial de la condición humana; como sucede a veces con otros bienes y valores cotidianos, no se advierte su importancia fundamental y su trascendencia hasta el momento en que se pierde. Una casa es el lugar donde una familia alberga sus bienes y recuerdos, se cuelga la foto de un ser querido, se marca con lápiz en la puerta de la cocina la progresión de la estatura de una hija pequeña… Sin vivienda, no hay modo de asearse, de poseer intimidad, de compartir hospitalidad con otras personas. Careciendo de ella, una persona no se puede desarrollar en ningún otro plano de su vida. Tal como aprehenden las personas afectadas, y da cuenta la disciplina científica de la Psicología, quienes se ven privadas de su hogar padecen una situación de duelo difícilmente reparable.

El artículo 47 de la Constitución hace referencia a esta condición básica cuando explicita que la ciudadanía tiene “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”; añadiendo enseguida: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” La idea anterior se complementa con el artículo 33, el cual limita con claridad el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (lo que a día de hoy se incumple de manera flagrante y sistemática en los pisos vacíos que acumulan, por ejemplo, ciertas entidades financieras).

La gente afectada por los desahucios sin alternativa residencial conforma una población desplazada interna (que es como se denominaría a este colectivo en lenguaje de Naciones Unidas). El riesgo de desahucio ya no se produce sólo por deudas hipotecarias, sino que se refiere de forma creciente y ya mayoritaria al impago de alquileres. Si esta situación se sigue generalizando, y se encadenan los desahucios de alquiler (dando lugar al fenómeno del pluridesahucio), el colectivo de población desplazada interna puede convertirse en una tónica cada vez más extendida y con mayor padecimiento de vulnerabilidad y exclusión social.

Los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial apuntan a más de 600 mil ejecuciones hipotecarias en el Estado español entre 2007 y 2014, de las que se estima que un 53 por ciento corresponden a viviendas habituales de particulares: una cifra demoledora de más de 320 mil ejecuciones sobre vivienda habitual en 8 años. No todas las ejecuciones hipotecarias concluyen en desahucio, pero los datos combinados del CGPJ y del Colegio de Registradores permiten afirmar que sólo en 2014 se produjeron más de 22 mil lanzamientos de primeras viviendas (sin contar a todas aquellas personas que ‘pactaron’ una dación en pago que suele venir acompañada de la obligación de abandono del inmueble, estimadas en más de 10 mil). A ello se suman los desahucios por la vía de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ha supuesto 36.044 lanzamientos en 2014. Entre unas y otras circunstancias, se estima que cada año son bastante más de 40.000 familias las que se ven obligadas a abandonar sus viviendas por no poder pagar, ya sea su alquiler o su hipoteca.

En Canarias, los desahucios afectaron en 2014 a un total de 4.298 inmuebles4, según datos del CGPJ. De ellos, corresponden a procedimientos de ejecución hipotecaria 2.042 (un 7,2% más que el año anterior), mientras que como consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos hubo 2.086. Aplicando el cálculo porcentual que se acaba de exponer, se pueden estimar en unos 2.300 al año, lo que equivale a una media de algo más de 6 lanzamientos de personas y familias al día en el Archipiélago.

En el extremo de la crueldad legal e institucional se encuentran las personas y familias que se pueden denominar pluridesahuciadas: aquellas que sufrieron un desahucio de su vivienda en propiedad por impago de la hipoteca, y tiempo después sufrieron un nuevo desahucio por impago de alquiler. Sin ingresos o con ingresos muy menguados, carecen de cualquier alternativa que no sea la calle, por lo que se ven abocadas a ocupar viviendas vacías, enfrentando en esta situación eventuales nuevos desalojos.

Las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida. Según la actual Legislación Hipotecaria española, cuando una entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble, si ésta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90 por ciento de los casos), la entidad financiera se adjudica la vivienda por el 50 por ciento del valor de tasación y sigue reclamando a personas en situación de insolvencia el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc.; aplica también embargos a avalistas, que en muchos casos son los propios padres y madres a través de la vivienda familiar, lo que agrava aún más el drama social de los desahucios, ya que además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y a la economía sumergida.

Pero ninguna familia en riesgo de desahucio padece esa única amenaza sobre sí. La experiencia dicta que son situaciones en las que los problemas se acumulan y afectan a muchas facetas de la vida: desempleo de larga duración o subempleo, otras deudas, salud deteriorada, estados de shock, ansiedad, relaciones familiares alteradas, sentimientos de fracaso, angustia, pérdida de apoyos del entorno… La carencia de vivienda excluye incluso a las personas y familias de toda vía administrativa, conlleva la pérdida de derechos e impide a las afectadas realizarse tanto profesional como personalmente.

La pérdida de la vivienda empuja a todos los miembros de la familia al desarraigo, a la desestructuración; y si hay menores, a su tutela por el Gobierno de Canarias (un trance del que resulta difícil salir sin mecanismos de ayuda institucional y solidaridad colectiva). El número de personas sin hogar ha crecido de forma alarmante, siendo éste el motivo que obliga a cada vez más familias en la calle a ocupar viviendas sociales vacías de manera irregular para, entre otras razones, no perder a sus hijas e hijos menores de edad.

Por eso es necesario abordar todas estas situaciones de forma integral, aunando las perspectivas jurídica, financiera y social. Como apuntan con acierto los informes de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, no basta con parar un desahucio; ni siquiera basta con reestructurar la deuda familiar. Además hay que posibilitar que mucha gente reestructure su vida tras un impacto brutal.

Ni siquiera algunas fórmulas instituidas, tales como la ‘dación en pago’, constituyen un remedio mágico a estos graves problemas: una dación en pago con abandono del hogar constituye, en la práctica, una importante pérdida patrimonial y emocional, que deja a las personas sin esa deuda hipotecaria pero destrozadas y en la calle.

Es positivo el interés que muchas corporaciones surgidas de las pasadas elecciones locales y autonómicas están mostrando por el problema de la vivienda. Algunos alcaldes y alcaldesas han hecho de este asunto un objetivo prioritario desde el principio de su mandato; y otras instituciones, como el Ayuntamiento de Tarrasa –entre otros– llevan tiempo promoviendo medidas proactivas ejemplares en el campo de la Vivienda, tales como multar a las entidades bancarias con viviendas vacías durante más de dos años, ratificada por un Tribunal de Justicia. El recién formado Gobierno de Canarias (constituido por un pacto entre los mismos partidos que gobiernan este Cabildo Insular), acaba de hacer pública su voluntad de constituir a corto plazo una Oficina de Intermediación Hipotecaria.

Mayor interés presenta, por su concreción legislativa y lo avanzado de la propuesta, la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética que acaba de aprobar la semana pasada por práctica unanimidad el Parlamento de Cataluña, emanada de una lniciativa Legislativa Popular promovida por la PAH y otros colectivos sociales. Esta norma fuerza a las entidades financieras y grandes propietarios –bajo amenaza de multa– a facilitar alquiler social durante un mínimo de tres años a quienes vayan a perder su casa, ya sea por el impago de hipoteca o de alquiler; el alquiler social, además, no deberá superar el 10 por ciento de los ingresos de la familia. Esta Ley contempla también medidas de segunda oportunidad para las personas sobreendeudadas por causa de la vivienda, así como iniciativas para ensanchar el parque de inmuebles de alquiler a un precio asequible.

Como plantea la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, estas positivas acciones de respuesta inmediata no deben hacer olvidar que el problema debió, y aún debe, ser abordado a nivel central, mediante una legislación todavía pendiente a nivel estatal en materia de sobreendeudamiento de particulares o de enjuiciamiento civil convergente con los demás países de la OCDE. Resulta inadmisible que la presión de las entidades financieras y la falta de determinación gubernamental hayan impedido hasta la fecha que dispongamos de un marco jurídico protector de esta naturaleza, lo cual provoca un sufrimiento extraordinario a decenas de miles de familias, y también una barrera evidente para la mejora y el desarrollo económicos. La situación legal en el Estado español es realmente anómala, y se aleja mucho de la de otros países de la UE (como Francia, Alemania o Portugal), lo que ya dio lugar –entre otros pronunciamientos– a un conocido Dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que concluye señalando que la legislación española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

Medidas para apoyar el Derecho a la Vivienda y de solidaridad activa con la ciudadanía afectada por desahucios y con las personas sin hogar

Desde el respeto y el reconocimiento a la valiosísima labor de denuncia pública, visibilización del problema, acompañamiento y presión frente a situaciones a todas luces injustas que realizan las Plataformas de personas Afectadas por la Hipoteca, los poderes públicos no deben ni pueden permanecer impasibles. Ante la debilidad e insuficiencia de respuestas globales desde el ámbito estatal, las administraciones autonómicas y las locales –incluyendo a los Cabildos Insulares– tienen la responsabilidad de ponerse manos a la obra, encarando desde la proximidad situaciones que vulneran derechos fundamentales, contenidos en tratados internacionales suscritos por el Estado español, como la Carta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que concreta el derecho a una vivienda adecuada y define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda. Cuando el bien jurídico a proteger es la integridad y seguridad de las personas está plenamente justificada la intervención de lo público en lo privado.

Ciñéndonos al caso de nuestro Cabildo Insular, entre las Competencias Propias que recoge la legislación en vigor se encuentran las de “coordinación de los servicios municipales de la Isla para garantizar su prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio insular, supliendo a los Ayuntamientos cuando la insuficiencia de sus recursos impidan la prestación de los servicios municipales obligatorios o las funciones públicas establecidas en la LBRL” (art. 43 de la LRJAPC); y entre las competencias transferidas desde la Comunidad Autónoma se cuentan las de policía de vivienda, la conservación y administración del parque público de viviendas y la asistencia social y servicios sociales (Disposición Adicional Primera de la LRJAPC).

Partiendo de esta situación, y manteniendo como norte fundamental de nuestra actuación el Rescate a la Ciudadanía más gravemente afectada por la crisis económica y social, el grupo PODEMOS plantea en esta moción tres cuestiones fundamentales:

  • En primer lugar, y como medida política básica de presión que ya se ha ensayado con éxito en otras instituciones, la retirada de fondos del Cabildo y suspensión de relaciones con las entidades financieras que siguen realizando lanzamientos a personas y familias desahuciadas que no cuentan con alternativa residencial.
    A pesar de la preocupación por el mantenimiento de su imagen pública, las entidades financieras siguen manteniendo posiciones de dureza e inflexibilidad en la búsqueda de soluciones para familias y personas sin recursos. En algunos casos, incluso en supuestos teóricamente resueltos merced a la fórmula de ‘dación en pago’, los bancos mantienen abierta una amenaza de reactivación de cobros hipotecarios por diferentes vías. Ante estas situaciones, no es de recibo que
    las administraciones públicas sigan manteniendo posiciones bancarias y líneas de negocio con entidades que dejan a muchas personas en situación desesperada y de indefensión por causas que están fuera de su control y voluntad.
    Respetando el marco legal establecido resulta no sólo viable sino muy conveniente materializar en hechos la voluntad política de no formalizar convenios y revisar los existentes con las entidades financieras que practican desahucios en Tenerife sin facilitar una solución residencial alternativa. De esta forma pretendemos contribuir al objetivo de lograr que Tenerife se convierta en una Isla libre de desahucios; al menos de aquellos desahucios que afectan a familias empobrecidas y que concluyen con un lanzamiento sin tener garantizado ningún tipo de hábitat alternativo.
    Es conveniente recordar que iniciativas de esta naturaleza ya fueron aprobadas e implementadas por otras administraciones locales del Estado español, que incluyen al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife durante el pasado mandato (gobernado entonces por una coalición similar a la que opera actualmente en este Cabildo Insular).
  • En segundo lugar, la creación de una Oficina Insular de Intermediación por el Derecho a la Vivienda.
    Los análisis expertos sobre el problema de la vivienda y los desahucios coinciden en que es imprescindible la mediación pública entre personas particulares afectadas y entidades financieras. Estas últimas deben poner a disposición a interlocutores únicos y con poder bastante, pues no se trata de ir negociando con cada sucursal bancaria.
    Existen desde hace años iniciativas de intermediación en diversos territorios del Estado, tanto a nivel local como autonómico, que han puesto en marcha dispositivos eficientes de servicio público para el abordaje del riesgo de desahucio. Y lo han conseguido a coste muy bajo, optimizando los recursos ya existentes de servicios sociales, consumo y otros (el único coste directo es el relativo a ayudas monetarias de urgente necesidad para cuotas, enervación en alquileres u otros gastos en reestructuraciones).
    Si bien por diversos motivos –que incluyen la destacada labor de visibilización y denuncia del problema realizada por la PAH– las entidades financieras son ya menos proclives a los lanzamientos directos, es posible aplicar fórmulas más inteligentes que las que venimos conociendo8. Es muy importante al respecto conseguir la implicación positiva de los jueces y juezas y secretarías judiciales, implementando sistemas de alerta e intercambio de información, como los que se aplican ya en otros territorios, garantizando que jamás se produzca un desalojo forzoso y sin alternativa residencial. Resulta imprescindible diseñar protocolos de actuación y acompañamiento a las afectadas a lo largo del proceso, que incluyan y faciliten la participación de colectivos sociales muy activos y comprometidos con esta problemática como la PAH, Cruz Roja, Cáritas y otras organizaciones del Tercer Sector. Es imprescindible incardinar las soluciones apuntadas con el apoyo personal y con el acceso a prestaciones de renta mínima y otras gestionadas desde los Servicios Sociales municipales, asegurando una atención integrada. Los Sistemas de Salud y los de Empleo también deben participar de esta necesaria coordinación. El Colegio Profesional de la Abogacía puede desempeñar también un papel destacado, lo mismo que otras entidades profesionales de Canarias (Colegios de Trabajo Social y de Psicología, entre otros), así como el positivo asesoramiento que puede prestar desde su amplia experiencia la Asociación Estatal de Dirección y Gestión de Servicios Sociales.
    Las tareas de intermediación, asesoramiento y solidaridad con las personas y familias afectadas por desahucios deben basarse en un modelo de atención integral y, por la propia naturaleza del problema, urgente. Las personas afectadas, dentro de la gravedad de su situación, deben contar con un abanico de opciones informadas para adoptar sus propias decisiones porque la pérdida de control sobre la propia vida resulta tal vez lo más demoledor para ellas. Es preciso detenerse en el tratamiento individualizado de cada situación, aplicando un arsenal de soluciones posibles, amplio y complejo. Frente a las situaciones de ejecución hipotecaria, procede intentar en primera instancia, y en todos los casos posibles, fórmulas de reestructuración de la deuda pendiente (mediante carencias, bajada de tipos, supresión de cláusulas abusivas, reunificación de deudas, quitas, etc.), evitando la pérdida de propiedad y de la inversión familiar realizada. Sólo cuando resulta inviable conservar la propiedad debe plantearse la dación en pago, combinada con un alquiler social que sea asumible por la familia para posibilitar la permanencia en el mismo inmueble por un mínimo de tres años. Por su parte, los casos de impago de alquiler deben ser analizados uno a uno, ayudando a enervar la deuda con quienes ostentan la propiedad individual del inmueble por la vía de ayudas monetarias si se estima que el caso es viable a futuro. Cuando no quede otro remedio y se deba abandonar la vivienda debe quedar garantizada una alternativa residencial dentro del contexto de referencia de la familia.
    La legitimidad, en fin, para crear dispositivos públicos que atiendan a las personas en riesgo de desahucio es total y, como señalamos más arriba, resulta imprescindible hacerlo para garantizar la seguridad jurídica.
  • En tercer lugar, implementar un conjunto de medidas urgentes y un protocolo de actuación bien concebido para atender la grave situación de quienes ya han perdido su vivienda y padecen exclusión residencial.
    El número y la situación de las personas sin hogar viene empeorando desde el inicio de la actual crisis económica y social. La realidad de este colectivo es más grave aún en el Área Metropolitana y, de manera especial, en el Sur turístico, donde las redes familiares y sociales son más débiles o no existen para muchas personas procedentes de otras comunidades y países. En la actualidad se estima que existen unas 500 personas sin techo en Tenerife, que viven a la intemperie.
    Muchas personas y familias afectadas por desahucios partían de una posición social muy integrada; pero el paso del tiempo sin soluciones efectivas destruye aquella integración y las arrastra hacia un lento e inexorable estado de exclusión social. Esta situación comienza incluso antes del lanzamiento de su vivienda familiar: en el ámbito de la política social europea se considera ya a una persona que se encuentra a ocho meses del desahucio en situación de exclusión residencial, por vivir una situación de vivienda insegura.
    Por eso aquí resulta también fundamental el abordaje múltiple y concertado desde las diferentes instituciones (Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, Ayuntamientos, Cabildo, Tercer Sector); y desde equipos profesionales interdisciplinares, cuyo trabajo comienza por ganar la confianza de las personas sin hogar. La respuesta institucional planteada hasta ahora en Tenerife, ni siquiera ha conseguido implantar como en tantos otros lugares el modelo escalera: estancia inicial en un Albergue, pasando después a recursos de alojamiento transitorios (centros de acogida y piso tutelado) y, tras un proceso de rehabilitación personal, a un piso o vivienda individual, si dispone de medios económicos propios para mantenerla. Este modelo demora demasiado tiempo la construcción de una solución definitiva y, en buena medida, ha mostrado su fracaso. La experiencia internacional se encamina hacia un sistema alternativo expresado en la fórmula Primero Vivienda (Housing First), que se revela mucho más corto, no estigmatizado y, sobre todo, más efectivo, al contar la persona afectada con un contexto de alojamiento estable desde el primer momento (la vivienda no es un ‘premio’, sino un derecho en su acepción más fundamental). En este modelo las personas sin hogar aportan como máximo un tercio de sus ingresos –si es que los tienen– como alquiler social. La Asociación Internacional contra el Sinhogarismo considera que los modelos basados en los Albergues (en los que se pernocta, viéndose forzadas las personas afectadas a pasar el resto del día en un espacio público) deberían ser erradicados.
    Por eso, la solución principal requiere disponer de alternativa residencial a partir de la disponibilidad de una bolsa de viviendas de emergencia12, con renta asequible, destinadas a las personas y familias que viven en la calle, que ya han sido desalojadas de sus viviendas o que tienen fecha de desalojo, y que por todos los conceptos (excluidas las pensiones alimenticias) tengan ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.
    No obstante, la experiencia histórica evidencia lo pernicioso que resulta realojar a familias y personas que padecen tan serios problemas fuera de su contexto primario o en entornos poco integrados. No se trata de proporcionar un bloque de viviendas vacías y meter dentro a “los desahuciados”, como si se tratara de juntar ganado: un error de proporciones inmensas cuyo tratamiento posterior es muy costoso en términos humanos y económicos. Las personas deben poder reestructurar sus vidas en su contexto social y vecinal. El vínculo a la comunidad de procedencia resulta muy conveniente como palanca para la recuperación individual y familiar. Los estudios sociológicos y del trabajo social consideran, al respecto, que la integración comunitaria y las relaciones sociales que allí se establecen son un factor imprescindible para la inclusión social y la rehabilitación psicosocial cuando existen desajustes.

 

Por todas las razones expuestas, el pleno del Cabildo Insular de Tenerife ACUERDA:
1. Mostrar su respaldo y solidaridad con todas las personas y familias que vienen sufriendo el drama social de la pérdida de sus viviendas, por desahucios judiciales u otras causas.
2. Reconocer la importancia y el valor del trabajo que despliega la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras organizaciones del Tercer Sector, que tanto han contribuido a hacer visible y afrontar de forma colectiva ese drama social, que de otro modo hubiera sido percibido por la sociedad, y sufrido por las personas afectadas, como un problema individual resultado de un fracaso exclusivamente personal.
3. Reactivar de forma inmediata el Consejo Insular de Vivienda, cuya constitución fue acordada y establecida (y que en la actualidad se encuentra paralizado), con participación de todos los actores fundamentales en este ámbito.
4. Diseñar, organizar y poner en funcionamiento, a partir del citado Consejo, una Oficina Insular de Intermediación por el Derecho a la Vivienda, que preste sus servicios mediante delegaciones comarcales en todos aquellos puntos del territorio donde el Cabildo presta Servicios de Atención a la Ciudadanía. Para ello se activará también la necesaria coordinación con todos los Ayuntamientos de la Isla, a través del Área de Cooperación Municipal, como un espacio que contribuya a viabilizar las siguientes propuestas y a estudiar otras como destinar una parte de la recaudación del IBI para desarrollar medidas destinadas a paliar desde los municipios las situaciones derivadas de ausencia de vivienda.
5. Incorporar como funciones de la Oficina Insular de Intermediación por el Derecho a la Vivienda las siguientes:

5.1. Llevar a cabo un asesoramiento integral e intermediación urgente, en coordinación con los Servicios Sociales municipales, que incluya no sólo las vías legales para poderse enfrentar a los procedimientos de ejecución hipotecaria, sino información de todos los recursos sociales que puedan impedir un futuro desalojo forzoso de la vivienda habitual, y un acompañamiento activo a las personas y familias afectadas.

5.2. Buscar la implicación positiva de jueces y juezas, y secretarios judiciales, implementando mecanismos de alerta e intercambio de información, garantizando que jamás se produzca un desalojo forzoso y sin alternativa residencial.

5.3. Diseñar protocolos de funcionamiento que tengan en cuenta, por su especial conocimiento de esta realidad social y su experiencia en los procesos de acompañamiento y mediación, la colaboración activa con la PAH y con el resto de organizaciones del Tercer Sector; así como con todas las entidades profesionales implicadas en la cuestión, y con los servicios públicos de Salud y Empleo.

5.4. Promover y realizar en el plazo máximo de seis meses un Inventario exhaustivo de las viviendas vacías o desocupadas pertenecientes al Parque Público de Viviendas de Tenerife; complementado con una investigación y relación lo más aproximada posible del volumen de inmuebles desocupados en poder de las entidades financieras y que fueron obtenidos por ejecución hipotecaria en nuestra isla.

5.5. Desarrollar, a partir de tales inventarios, las gestiones y negociaciones necesarias con el Gobierno de Canarias, con los Ayuntamientos que cuentan con parque público municipal de vivienda y con las entidades financieras, para disponer en el menor plazo posible de un cupo territorializado por comarcas de viviendas disponibles ante situaciones de emergencia para personas y familias sin hogar.

5.6. Intermediar y facilitar a las personas y familias afectadas por desahucios, o que no cuenten en general con alternativa residencial, el acceso a una vivienda procedente del cupo anterior. Las personas y familias afectadas, cuyos ingresos no superen 1,5 veces el SMI, abonarán un alquiler social que en ningún caso podrá superar el 10 por ciento de sus ingresos totales por todos los conceptos (descontadas las pensiones alimenticias).

5.7. Articular, junto a las corporaciones municipales, un Plan de Sustitución de Viviendas Inadecuadas (chabolas, viviendas no apropiadas o masificadas según la legislación en vigor, etc.) para combatir estas situaciones.

5.8. Estimular, de común acuerdo con los Ayuntamientos, un Plan de Rehabilitación de Viviendas que afronte o anticipe situaciones de deterioro que aboque a las familias a verse en la calle; contemplando, en aquellos casos en que se estime conveniente, ayudas para que dicha rehabilitación pueda llevarse a cabo por parte de los propios vecinos y vecinas.

5.9. Completar un Diagnóstico del Sinhogarismo en Tenerife como medida inicial para la asistencia y reducción del daño de este fenómeno; promover la formación de equipos interdisciplinares (municipales o comarcales) especializados en exclusión residencial, en coordinación con el IASS en la medida en que esta problemática se entrecruza en muchos casos con otras problemáticas asociadas; articular la disponibilidad de recursos de alojamiento transitorios (media – larga estancia) con el fin de prevenir o paliar el deterioro biopsicosocial: programas de Primero Vivienda (Housing First), pisos tutelados y centros de acogida, y dispositivos de acogida en periodo de convalecencia con alta hospitalaria y personas con enfermedad terminal. Desarrollar también un paquete de acciones para la prevención y promoción de las personas afectadas, que incluyan también medidas transversales de sensibilización y concienciación de la población sobre esta problemática, luchando activamente contra los delitos de odio hacia las personas sin hogar.

5.10. Programar una dotación de personal adecuada y estable para la Oficina de Intermediación por el Derecho a la Vivienda, garantizando al menos el perfil de juristas especializados en Derecho Hipotecario (en ningún caso personal de oficio), profesionales del Trabajo Social especializados en esta materia (desahucios y exclusión residencial) y profesionales de distintas disciplinas vinculadas al ámbito de la vivienda.

6. En el marco de trabajo anterior, realizar las modificaciones precisas en el Presupuesto del Cabildo para el ejercicio en curso y en la propuesta de Presupuestos para 2016, así como para establecer o incrementar las ayudas al alquiler social, como fórmula de apoyo a las personas y familias que ya han perdido su vivienda y no cuentan con ninguna alternativa residencial.

7. Asimismo, y en el ámbito de la relación del Cabildo de Tenerife con las entidades financieras, el Consejo Insular de la Vivienda impulsará como tareas prioritarias desde su puesta en marcha las siguientes:

7.1. Instar a todas las entidades financieras con las que actualmente mantiene contratos este Cabildo a que efectúen una paralización de los desahucios de personas y familias cuando éstas no tengan garantizada una alternativa residencial; e instar del mismo modo a la búsqueda de soluciones a otros casos que generen situaciones de exclusión social derivadas de deudas hipotecarias.

7.2. Estudiar con los servicios jurídicos y económicos del Cabildo la viabilidad y efectos económicos para la corporación que tendría, en su caso, la extinción de contratos, la retirada de fondos y la no suscripción de cualquier otro tipo de relación comercial con aquellas entidades financieras que persistan en Tenerife en la práctica de desahucios a personas y familias de sus primeras viviendas sin alternativa residencial. Analizar igualmente la inclusión de cláusulas a partir de la fecha del presente acuerdo que incluyan los desahucios sin alternativa residencial como una de las causas de resolución de los contratos que firme el Cabildo Insular de Tenerife con las entidades financieras.”

7.3. Incorporar cláusulas sociales y éticas en la contratación con cualquier tipo de entidad financiera; estudiar la apertura de posiciones en nuevas plataformas de Banca Ética; y publicar en el Portal de Transparencia del Cabildo Insular de Tenerife las cuentas y acuerdos suscritos entre el Cabildo y las entidades financieras.

8. Instar al Gobierno del Estado a modificar el actual marco legal que regula el mercado hipotecario, con el objetivo de limitar los efectos sociales de las ejecuciones causadas por el impago del crédito hipotecario.
9. Remitir la totalidad de los acuerdos de esta moción al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia; a la Presidencia del Parlamento de Canarias; a la Federación Canaria de Islas (FECAI); a las asociaciones que representan al colectivo de entidades financieras; a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y al conjunto de asociaciones del Tercer Sector relacionadas con la problemática de la Vivienda.
10. Facultar al Presidente de esta Corporación, a su Secretario del Pleno y, de manera especial, al Consejero Insular de Cooperación Municipal y Vivienda y a la Consejera Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana, a realizar cuantas acciones sean necesarias para hacer cumplir los puntos del presente acuerdo.
El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife
Fernando Sabaté Bel
En Tenerife, a 27 de julio de 2015.

 

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