Propuesta para el asesoramiento a la ciudadanía sobre cláusulas suelo

Las cláusulas suelo constituyen un nivel mínimo de interés fijado en muchas hipotecas. Se aplican cuando el índice al que esté referenciado el préstamo hipotecario cotiza en valores inferiores a ese límite. Por tanto, el tipo determinado en la cláusula suelo es el interés más bajo que se puede pagar por la hipoteca, aunque el índice de referencia esté por debajo.

Estas cláusulas se establecen de manera contractual al firmar la hipoteca y suponen un claro abuso al derecho de las personas particulares en beneficio de las entidades bancarias, lo que ha provocado la interposición de demandas por parte de las organizaciones de consumidores. Las cláusulas suelo se declararon nulas y abusivas en una sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, si bien se limitó la devolución de las cantidades correspondientes a lo cobrado a partir la fecha de la sentencia.

Sin embargo, otra sentencia más reciente, en este caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 21 diciembre de 2016, dictaminó en contra de la limitación de la retroactividad, extendiendo la devolución a todos los contratos hipotecarios que incluyeran esas cláusulas.

El Banco de España ha calculado en más de 4000 millones de euros la cantidad que deben devolver las entidades bancarias a las personas firmantes de hipotecas, pero todavía existe confusión en la manera en que se ha de llevar a cabo esta devolución. Esta incertidumbre perjudica de nuevo a las personas afectadas por estas cláusulas abusivas, que no saben bien a quién dirigirse ni la cantidad exacta que les tienen que devolver, lo que ha disparado las perspectivas de ingresos de muchos bufetes de abogados, que ven en estas reclamaciones a la banca un filón para hacer negocio.

Desde las organizaciones de consumidores se insiste en la necesidad de que las entidades bancarias devuelvan de oficio las cantidades cobradas gracias a la cláusula suelo. No obstante, estas han manifestado que tratarán cada caso de manera individual, lo cual supone un claro subterfugio para alargar el proceso e individualizar un problema que es social.

Por su parte, el Gobierno del Estado anunció la creación de un código de buenas prácticas, de adhesión voluntaria para las entidades bancarias, con el fin de facilitar el procedimiento. Sin embargo, este código, a pesar de ser una medida manifiestamente insuficiente, se ha frustrado en el último momento, y no fue aprobado en el último Consejo de Ministros, tal y como estaba previsto. Nos encontramos, pues, ante un Gobierno central que se inhibe incluso de aplicar las medidas más mínimas que puedan afectar los intereses bancarios.

Esta actuación responde una vez más a los intereses de las entidades financieras, que se imponen por encima de los derechos de las personas afectadas, tal como ha quedado demostrado durante todo el largo proceso de denuncia de las cláusulas suelo, en que el Gobierno del Estado español ha tenido un papel absolutamente testimonial, a pesar de que diferentes entes europeos reclamaban medidas sancionadoras y la aplicación inmediata de las diversas resoluciones judiciales que señalaban el cariz abusivo de la cláusula. No es hasta el último momento cuando el Gobierno, viéndose presionado, decide actuar.

Las instituciones públicas deben estar del lado de la gente en este conflicto. No se trata de una mera relación entre particulares, tal y como ha afirmado recientemente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; son años de abusos por parte de las entidades bancarias, que han recibido mucho más de lo que han aportado a la sociedad. No olvidemos que el llamado rescate bancario supuso un desembolso de enormes cantidades de dinero público que la ciudadanía aún no sabe cómo y cuándo va a recuperar.

En Canarias, el ineludible compromiso público de orientar a la ciudadanía en este proceso se debe articular a través de los distintos mecanismos que la Administración tiene a su alcance, tanto a escala autonómica como local; en concreto, a través las oficinas de intermediación hipotecaria del Gobierno de Canarias, las oficinas de Vivienda de los cabildos, y, en nuestro municipio, a través del Ayuntamiento. Este servicio de orientación debe incluir el cálculo de la cantidad a reclamar por parte de las personas afectadas –una tarea que no siempre es sencilla– y la entrega de un modelo para formalizar la reclamación ante la entidad financiera correspondiente, tal y como han establecido otras entidades locales, como el Ayuntamiento de Madrid. Esto ha de acompañarse de campañas publicitarias para explicar a la ciudadanía cómo ejercer sus derechos ante estos abusos y los recursos de la Administración en los que se puede apoyar para defender sus derechos.

Por todo lo anteriormente expuesto, este concejal propone a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

UNO.- Prestar asesoramiento municipal gratuito a la ciudadanía sobre el ejercicio de sus derechos en relación a las cláusulas suelo y realizar una campaña informativa para divulgar este servicio. El asesoramiento deberá incluir el cálculo de la cantidad a reclamar y la entrega de un borrador para cursar la reclamación.

DOS.- Estudiar la posibilidad de ampliar la labor de asesoramiento a otras cláusulas hipotecarias consideradas abusivas, como la imposición al deudor de los gastos de notaría y registro o del impuesto de actos jurídicos documentados, la cláusula de vencimiento anticipado por impago o la cláusula de intereses moratorios, entre otras.

TRES.- Instar al Gobierno del Estado a que solicite al Banco de España la aplicación inmediata de sus competencias en materia de supervisión de las actividades de las entidades financieras para asegurar la correcta gestión de la devolución de los importes generados por las cláusulas suelo, así como un control activo y permanente para evitar que se repitan vulneraciones de derechos a futuro.

CUATRO.- Instar al Gobierno del Estado a garantizar los mecanismos necesarios para facilitar el cobro de las cantidades correspondientes por parte de las personas afectadas por las clausulas suelo, arbitrando mecanismos que impidan una judicialización que eternice el proceso.

CINCO.- Instar a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición a proporcionar todos los medios de apoyo técnico y jurídico necesarios para defender los derechos de las personas afectadas por la cláusula suelo, facilitando, si fuera necesario, la creación de equipos y oficinas de atención específicas.

SEIS.- Instar a la Consejería de Empleo, Vivienda y Política Social del Gobierno de Canarias a asesorar a la ciudadanía a través de la oficinas de intermediación hipotecaria y de las oficinas insulares de vivienda, en coordinación con la Dirección General de Consumo y los cabildos insulares, sobre el ejercicio de su derecho a recibir lo pagado en función de las cláusulas suelo, así como a realizar una campaña informativa que explique las vías de asesoramiento a disposición de la ciudadanía.

SIETE.- Trasladar este acuerdo a la FECAM para su conocimiento por todos los municipios de Canarias.

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